Venezuela entre los últimos lugares de países que respetan el derecho a la propiedad, por @DiarioTalCual

martes, 14 de agosto de 2018

Tal Cual 13 de agosto de 2018

@DiarioTalCual

Los países de la región con mejor desempeño son Chile y Costa Rica que ocupan los puestos 29 y 30 respectivamente

El más reciente informe de la organización Property Rights Alliance (PRA) que mide el Derecho de Propiedad en 125 países, reveló que Venezuela ocupa el puesto 123 en el ranking que evalúa 10 factores, agrupados bajo tres componentes: Entorno Jurídico y Político (LP), Derechos de Propiedad Física (PPR) y Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).

El Índice Global de Propiedad Intelectual refleja los derechos de propiedad en 125 países, con lo que cubre el 98% del PBI mundial y el 93% de la población. Según los datos de PRA, 6.000 millones de personas tienen problemas con la protección de sus derechos de propiedad, como por ejemplo la vivienda, y sólo el 13% de la población tiene un nivel adecuado de protección de sus derechos, ya sean derechos intelectuales o propiedad privada física.

Las naciones que muestran el mejor desempeño son: Finlandia, Nueva Zelanda y Suiza, mientras que en la región son Chile y Costa Rica en los puestos 29 y 30 respectivamente, seguido de Uruguay (43) y Brasil (55).

El ranking elaborado por la economista venezolana y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela Sary Levy-Carciente, revela que “un dato preocupante” es que en ciertos países de África hay más restricciones a los derechos de propiedad en las mujeres.

Para la organización “los derechos de propiedad son un indicador clave de éxito económico y estabilidad política”

En ese sentido, Levy señala que “la defensa de los derechos de propiedad afecta profundamente a los más pobres” y precisó que solo en 2013 se perdieron $45.000 millones de crecimiento económico y se dejaron de crear 2,2 millones de empleos por piratería, que es uno de los aspectos de la falta de respeto al derecho de propiedad.

“Este índice demuestra que hay correlaciones entre el Índice de Propiedad y los índices de libertad humana, económica, percepción de la corrupción, activismo cívico y hasta conectividad con Internet”, añade el informe.

Tomado de: http://talcualdigital.com/index.php/2018/08/13/venezuela-ocupa-puesto-123-en-indice-de-derechos-de-propiedad/

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Una familia fue desalojada de su vivienda por compartir memes sobre el atentado contra Maduro

Las autoridades y civiles armados realizaron el operativo sin una autorización judicial para expulsarlos de un complejo residencial construido en Ciudad Tiuna, parte del complejo militar más grande del país

Limbania Ramírez, víctima del desalojo

Limbania Ramírez, víctima del desalojo

Una familia fue desalojada de una vivienda que le había asignado el gobierno venezolano supuestamente por burlarse de un “atentado” contra el presidente Nicolás Maduro, denunciaron los afectados y una ONG.

Ellos dicen que mi esposo y yo nos burlamos del atentado contra Nicolás Maduro y que no merecíamos vivir en un complejo chavista“, dijo este lunes Limbania Ramírez.

La organización de derechos humanos Provea, que denunció inicialmente el caso, asegura que la familia “fue desalojada arbitrariamente, sin orden judicial”. Ramírez vivió hasta el pasado jueves con su esposo, y ocasionalmente con un hijo de éste de 15 años, en un apartamento construido en predios del mayor complejo militar del país.

Según su versión, el desahucio fue realizado por la jefa del gobierno de Caracas, la oficialista Carolina Cestari, y civiles armados a quienes acusa de haberla amenazado. Cestari no se ha referido al caso, que la plataforma opositora Frente Amplio denunció como “terrorismo de Estado”.

Las pertenencias fueron dejadas en la acera

Las pertenencias fueron dejadas en la acera

Empleada pública de 43 años, Ramírez cuenta que tras el supuesto ataque con dos drones cargados de explosivos, el 4 de agosto, compartió varios memes en un chat de Whatsapp de los vecinos del edificio.

Una de las ilustraciones se mofaba de militares que salieron corriendo tras las explosiones, rociados por insecticida.

No estaba hablando mal, no le estaba deseando la muerte al presidente. Los venezolanos agarramos las cosas a chiste“, se defendió la mujer.

De acuerdo con la ONG, las autoridades alegan que Ramírez usaba el apartamento para vender dólares -lo que está prohibido por un control cambiario- y bolívares, en grave escasez. También la acusan de usar su casa como “restaurante”. Ella lo niega.

Ramírez recibió el apartamento en 2015 en el marco de Misión Vivienda, programa mediante el cual el gobierno asegura haber adjudicado más de dos millones de unidades a familias pobres a precios altamente subsidiados.

La oposición denuncia que el gobierno no entrega títulos de propiedad sobre esos inmuebles, y los utiliza como mecanismo de control social. Pero Ramírez conserva documentos que según ella demuestran que pagó el inmueble.

“No es la primera vez que pasa esto en Ciudad Tiuna. Una vez desalojaron a una señora con dos menores a medianoche por tocar cacerolas” contra Maduro, comentó.

Por lo pronto, intenta denunciar el caso en la Fiscalía y que un juez le otorgue una medida de amparo. Desde el desalojo duerme en un motel.

(Con información de AFP)

Sector salud marchará a Miraflores para exigir aumentos de salarios, por @EFEnoticias

martes, 14 de agosto de 2018

 

EFE 13 de agosto de 2018

@EFEnoticias

Ana Rosario Contreras aseguró que acordaron trasladarse pacíficamente hasta el despacho de la presidencia “para solicitar soluciones a los problemas”

Los trabajadores del sector salud, quienes tienen ya más de un mes en protesta, marcharán hasta el Palacio de Miraflores el próximo jueves 16 de agosto, para exigir un aumento de sueldo y la dotación de material médico a los centros hospitalarios.

La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, dijo que los miembros de la Alianza Gremial Sindical de la Salud Venezolana acordaron trasladarse pacíficamente hasta el despacho de la presidencia “para solicitar soluciones a los problemas” señaló.

Contreras detalló que este jueves los trabajadores de la salud se concentrarán en el Hospital de Niños J.M. De los Ríos y desde ahí caminarán hasta el palacio presidencial.

Por su parte el Secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano explicó en las reuniones que han sostenido con el ministro de salud, Carlos Alvarado, éste ha dicho que “no tiene competencia” para aumentar el salario de los trabajadores.

Igualmente insistió en que una de las principales intenciones es “que no se politice o partidice” la lucha pues asegura que el Gobierno procura hacer esto “para quitarle méritos” a la protesta.

Zambrano reiteró que las exigencias “son simples” y se tratan de percibir “un salario digno como establece la Constitución nacional y por supuesto el derecho a la salud y a la vida”.

Por ello distintos gremios de la salud llevan 50 días en un paro indefinido, como medida de protesta ante la grave crisis que vive el sector a causa de la falta de insumos y los bajos sueldos que devengan los profesionales.

EFE

@EFEnoticias

Solo estrictas emergencias se atienden en el Hospital Victorino Santaella y Pronto Socorro

(foto archivo)

 

Niños convulsionando o con paro respiratorio son los únicos que son recibidos en la emergencia pediátrica del Hospital Victorino Santaella (HVS), de Los Teuqes, desde que el personal que allí labora se declaró en paro hace más de un mes para exigir “salarios dignos” al Estado. Así lo reseña eluniversal.com

Por JOHANA RODRÍGUEZ

Madres de pequeños con cuadro virales, fiebre o brotes en la piel son devueltos diariamente ante la medida de presión que se ejerce desde el Comité de Conflicto del HVS, el cual está conformado por médicos, enfermeras, camilleros, obreros y personal de las distintas especialidades, quienes alegan que no hay condiciones para atender a los pacientes.

“Por un lado hay una migración brutal del personal porque el sueldo no alcanza ni para pagar el pasaje para venir a trabajar, y por otro, el centro asistencial no cuenta con agua, ni insumos. Aquí llegan con una patología y salen con 5 de lo contaminado que está el lugar porque no se cuenta ni siquiera con implementos como cloro para las labores de aseo”, manifestó una enfermera del único hospital tipo IV del estado Miranda.

La situación es resentida por quienes no tienen más remedio que acudir a un hospital en caso de emergencia. “Tuve que pedirle a un vecino que me diera la cola hasta el hospital para que me vieran a mi bebé de año y medio que presentó un brote como de sarampión y tenía 3 días con fiebre y resulta que me rebotaron el domingo.

Prácticamente me dijeron que regresara cuando se estuviera muriendo”, relató Rosalba Villarroel, vecina de Los Teques. –Al ver que en pediatría lo que había era padres pasándole por su cuenta el tratamiento a sus muchachos, me trasladé a pie con mi hijo en brazos hasta el Pronto Socorro de Los Teques, en El Vigía, y también me topé con la situación de paro y el lema de que solo estaban atendiendo estrictas emergencias.

Ante la desesperación de la madre, fue atendida por los dos médicos que estaban de turno y las 4 enfermeras que permanecen en el lugar que está repleto de pancartas que rezan “aquí no matamos, aquí salvamos vidas”; “exigimos sueldos justos” y “gobernación acuérdese de nosotros”.

Pacientes apostados en la sala de espera este fin de semana señalaron que cada vez existen menos opciones asistenciales en los Altos Mirandinos.

“Yo tengo un seguro médico, pero con la hiperinflación el monto es irrisorio, ya no sirve y siempre vengo al Pronto Socorro porque hay calidad en la atención pero lastimosamente están trabajando con las uñas”, dijo Nélida Castro, quien llevó a su hijo con todos los implementos para ser nebulizado tras presentar un episodio de asma.

“Básicamente vinimos fue por el aparato, porque en una clínica para que te vea un médico residente a ver si adivina qué tienes debes pagar por adelantado 70 millones de bolívares. Nos están matando”,afirmó.

Por esta razón liberaron a los chivos del Clap en Guárico +DETALLES

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San Juan de los Morros.- Luego de haber sido capturados el pasado 30 de mayo en la capital del estado Guárico, por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), 4 ciudadanos militantes y activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela, quedaron detenidos hasta este jueves 9 de agosto cuandotodos salieron en libertad.

Como se recordará la fiscal 3°, Sara Utrera, imputó a los 4 detenidos por presuntamente estar involucrados en los delitos de boicot.

Ese día se reveló que los detenidos eran los máximos jefes del Clap en Roscio, designados por el Psuv y la alcaldesa de Roscio Mayerling Colmenares, para “garantizar alimentos al pueblo”.

La dirigente psuvista Maryeli Colmenares Hernández coordinadora de los CLAP en el municipio y hermana de la alcaldesa del Psuv en esa localidad resultó ser una de las detenidas.

El Sebin también detuvo a José Ochoa, Jairo Andarcia, Silvio Ferreira, los cuales operaban en un galpón definido por Freddy Bernal como “clandestino”

Para el momento de su detención estos tenían en su poder dos vehículos al igual que “12.000 Kg de harina de maíz precocida marca P.A.N. y 3.192 Kg de arroz marca Mary.

El propio Freddy Bernal señaló al día siguiente que los rojitos fueron trasladados al Ministerio Público “para tomar las acciones pertinentes”, agregó Bernal.

Se tuvo conocimiento que la mercancía decomisada había sido adquirida por el Clap del municipio Roscio en la empresa  Makro, con el fin de ser distribuida a las comunidades, acción que no se estaba realizando y que venía siendo denunciada fuertemente por la comunidad sanjuanera.

Luego de esta detención, y a pesar del pronunciamiento de los dirigentes nacionales del Psuv Diosdado Cabello y Freddy Bernal, quienes informaron la detención, en el estado Guárico hubo un silencio por parte del Psuv y sus dirigentes. Todos callaron dicho delito cometido.

El portal El Pitazo informó que “el trabajo de inteligencia determinó que al parecer estos alimentos serían desviados a otros puntos para ser revendidos al consumidor final con precios especulativos”.

La detención

Inicialmente el Tribunal 3° de Control ordenó recluirlos a estos en el Sebin. Luego, Maryeli Comenares, hermana de Mayerling Colmenares sería enviada al anexo femenino de la  famosa PGV, mientras que los tres hombres los remitieron a la conocida cárcel en donde han albergados presos políticos y comunes, el Centro de Procesados 26 de Julio.

La fiscal 3°, Sara Utrera, imputó por la presunta comisión del delito de boicot,precalificación aceptada por el Tribunal de Control.  Delito que  establece penas de12 a 14 años, sin posibilidad de beneficios procesales, aun admitiendo la culpa de los hechos imputados.

Según la Ley de Precios Justos, se define el delito de Boicot como: “Quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de 12 a 15 años”.

Así se fueron pa la calle

Luego de un poco más de un mes detenidos los 4 involucrados, el tribunal revisó la medida privativa por la cual estaban detenidos y se tomó la decisión de otorgarlearresto domiciliario con presentación ante el circuito judicial, poniendo fin a la detención.

Para lograr esta decisión se cambió la calificación de Boicot en la audiencia por la de Acaparamiento, aun cuando el delito imputado al momento de la aprehensión no era ese.

Segú la ley de precios justos define  Acaparamiento de la siguiente manera: “Los sujetos de aplicación que restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados por la autoridad administrativa competente, retengan los mismos, con o sin ocultamiento, serán sancionados con prisión de 8 a 10 años. Asimismo, serán sancionados con la ocupación temporal del establecimiento hasta por 180 días prorrogables por una sola vez.

Ante esta nueva calificación los señalados se declararon culpables y se acogieron al beneficio que establece la ley de pagar la mitad de la pena, por lo cual fueron “sentenciados” a 4 años y 8 meses, pena menor a cinco años, que podrá ser cumplida en su casa.

Con esta sorpresiva decisión salen beneficiados: La máxima jefa del Clap en la capital del estado, Maryeli Colmenares Hernández. También salieron Jairo Andarcia, quien se desempeñaba como el  jefe de almacén y el chofer José Ochoa Esparragoza .

Mientras que el dueño del galpón en donde acaparaban los productos del Clap    Caires Silvio Ferreira, también resultó beneficiado. Ferrerira es un empresario ligado al chavismo, dueño de la empresa constructora Ofimax y del mencionado galpón.

Lo que dijo y no dijo  Bernal y Diosdado

Al día siguiente de conocerse la detención de los detenidos por el delito de“acaparamiento” el dirigente nacional del Psuv, Freddy Bernal fue contundente al afirmar: “Comisión del SEBIN, detuvo a 04 ciudadanos dedicados a desviar, acaparar y especular productos de la cesta básica que debían ser distribuidos a través de los #CLAP. Estos ciudadanos operaban en un galpón clandestino ubicado en San Juan de los Morros”.

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Freddy Bernal@FreddyBernal

Comisión del SEBIN , detuvo a 04 Cddnos. dedicados a desviar, acaparar y especular productos de la cesta básica que debían ser distribuidos a través de los . Estos ciudadanos operaban en un galpón clandestino ubicado en San Juan de los Morros. 1/3

El dirigente psuvista omitió un detalle clave, que la detenida era la hermana de la alcaldesa psuvista, al igual que el resto de los detenidos eran “camaradas”.

Bernal señaló “un galpón clandestino” pero olvidó decir que el dueño era un empresario vinculado al chavismo.

También en ese momento Bernal, escribió en Twitter que “habrá fuertes consecuencias para quien juegue con el alimento del pueblo”. Las fuertes consecuencias ya se conocieron.

Freddy Bernal@FreddyBernal

2/3 En el sitio se logró la retención de 02 vehículos, 12.000 Kg de harina de maíz precocida marca P.A.N. y 3.192 Kg de arroz marca Mary. Los ciudadanos fueron trasladados al Ministerio Público para tomar las acciones pertinentes.

Freddy Bernal@FreddyBernal

3/3 Habrán fuertes consecuencias para todo aquel que juegue con los alimentos del pueblo, y tengan por seguro, que seguiremos trabajando para lograr la estabilidad y protección alimentaria.

La detención fue reflejada en la página del vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello, en esta se señala que hay detenidos por “bachaquear productos del clap”.

“Los ciudadanos Maryeli Colmenares, Jairo Andarcia y José Ochoa se encuentran a la orden de la justicia al ser descubiertos  por acaparar y luego proceder a la venta de  los productos Clap en el estado Guárico”.

La nota no menciona al empresario, tampoco orienta a los lectores sobre la condición de los detenidos como psuvistas y una de ella hermana de la alcaldesa.

Habla la alcaldesa

Ante las presiones en las redes sociales y en vista del silencio de concejales, diputados y constituyentistas, el comentario generalizado obligó a la alcaldesa de Roscio Mayerling Colmenares a pronunciarse sobre el tema:  “Soy la primera interesada en que esto termine con las investigaciones que correspondan, puesto que aquí no hay intocables”.

Esta nunca se refirió a la condición de hermana que tenía la detenida, ni a la militancia rojita. Colmenares terminaría su breve declaración afirmando: “cada quien debe asumir sus responsabilidades de manera individual y serán los organismos correspondientes los encargados de determinar la responsabilidades de los aprehendidos, “si las hubiere” sostuvo.

Es así como al declararse culpables, el tiempo dijo que “si las hubo”.

Y como queda el partido y la alcaldesa

El Tubazo Digital consulto a dirigentes de base del Psuv, los cuales rogaron no ser identificados, en su mayoría consideran el hecho como grave, y creen que la alcaldesa debe asumir más la responsabilidad. Admiten que no se pronunciaron pues hubo silencio en sus líderes regionales “si ellos no lo dicen, no voy a salir yo a decirlo” declaro un conocido exconcejal.

Héctor Luna abogado y conocido dirigente de la oposición cree que “. Si la hermana de la Alcaldesa admitió los hechos ésta debería renunciar a su cargo por vergüenza y en desagravio a la población rosciana. Si tuviera vergüenza”.

 eltubazodigital@gmail.com / Unidad de Investigación Periodística 

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El Arco Minero en vía de convertirse en el mayor desastre ecológico de América Latina


La Patilla

En 2016, el gobierno venezolano emitió un decreto convirtiendo cerca de 112.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica en un distrito minero especial, llamado Arco Minero. Nicolás Maduro prometió que el Arco Minero traería prosperidad económica y “desarrollo minero ecológico”.

Pero, en cambio, parece ser el mayor desastre minero y ecológico de América Latina, ya que la minería incontrolada y primitiva en la región está causando estragos en comunidades vulnerables, degradando ecosistemas y dañando la increíble biodiversidad de la región, que incluye desde jaguares y armadillos hasta unas 850 especies distintas de aves.

El saqueo de Venezuela de sus propios recursos y la correspondiente devastación ambiental no reciben la atención nacional e internacional que deberían.

Pero por primera vez, en julio, el Arco Minero fue tratado en una plataforma regional importante: el Congreso de la Sección Latinoamericana y del Caribe de la Sociedad para la Biología de la Conservación (LACA-SCB), que es la comunidad de profesionales de la conservación más grande del mundo.

Durante el evento, celebrado en Trinidad y Tobago, LACA-SCB acordó una declaración de la conferencia sobre el Arco Minero: El comienzo de la declaración dice:

“En el Escudo Guayanés de Venezuela y la Cuenca Amazónica, incluyendo todos los territorios al sur del río Orinoco y su delta, se genera un área de importancia regional crítica para la conservación de la diversidad biocultural. Entre 2000 y 2015, la deforestación allí se ha incrementado exponencialmente debido en parte a la intensificación observable de las actividades humanas en el norte del estado de Bolívar, un “punto clave” de metales preciosos y minerales como oro, diamantes, hierro y coltán, entre otros. La mayoría de estas actividades están directa o indirectamente relacionadas con un aumento de las prácticas informales de extracción de oro , que afectan áreas protegidas y territorios indígenas”

Hasta ahora, se han hecho pocos intentos para estudiar los impactos actuales y futuros del Arco Minero, pero los primeros indicadores son alarmantes. Juan Carlos Amilibia, biólogo de la Universidad Central de Venezuela, explica que la Amazonía venezolana está cada vez más deforestada y que la minería se está convirtiendo en una de las mayores amenazas para la biodiversidad. “El gobierno debería hacer esfuerzos para controlar la minería ilegal donde antes no había deforestación, en lugar de crear nuevas zonas de extracción y extracción”, dice citado por el Eatrh Island Journal

El arco minero se superpone con parques nacionales y varios monumentos naturales. Al menos 198 comunidades indígenas viven en el área decretada, aunque no se han llevado a cabo consultas obligatorias, establecidas en virtud del derecho internacional y nacional. Según Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Ecológica Venezolana, las tribus que viven en el Arco Minero son extremadamente vulnerables a la contaminación causada por la minería. Por ejemplo: “Alrededor del 92 por ciento de la población femenina Yek’wana tiene altos índices de mercurio en el cuerpo, lo que implica que el 32 por ciento de estas mujeres podría dar a luz a bebés con problemas neurológicos”, dice.

Hablando en la conferencia, Francoise Cavada-Blanco, bióloga marina de la Universidad Simón Bolívar, habló sobre cómo la degradación dentro del Arco Minero podría extenderse más allá de las fronteras de Venezuela. Específicamente, dice que la contaminación por mercurio en el río Orinoco podría afectar los sistemas costero-marinos de Trinidad y Tobago, un país insular de dos islas  a una distancia de tan solo 15 kilómetros de Venezuela. La declaración de la Sociedad de Biólogos de la Conservación sobre el Arco Minero también reconoce estos efectos indirectos: “Estos impactos probablemente trasciendan las fronteras de Venezuela más allá del área de influencia inicial del Río Orinoco y afecten al sudeste del Caribe, convirtiéndose así en un amenaza.

La investigación de los conflictos ambientales en Venezuela es un lujo que muchos residentes locales y activistas no pueden darse. Tienen trabajo más que suficiente abordando las cuestiones relacionadas con los presos políticos, los graves abusos contra los derechos humanos, delitos estatales, escasez de medicamentos y mucho más. Los académicos y periodistas interesados ??en realizar trabajo de campo en el Arco de la Minería también se enfrentan cada vez más a obstáculos prácticos que impiden el acceso a la zona.

La Guardia Nacional Bolivariana, notoriamente corrupta y violenta, y el ejército venezolano instalan numerosos puntos de control en el Arco Minero, mientras que las bandas armadas ilegales y los grupos guerrilleros colombianos que cruzan la región ejercen control sobre las operaciones mineras. La participación de grupos armados y su despliegue de violencia en la región (las masacres y tiroteos ocurren con frecuencia) hacen que sea casi imposible visitar, estudiar e investigar apropiadamente los impactos ambientales de las operaciones mineras. Si esto no es suficiente, la escasez de combustible y la falta de acceso al dinero en efectivo hacen que sea prácticamente imposible moverse en el Arco Minero, especialmente porque el oro se usa a menudo como moneda en los enclaves mineros.

Por todas estas razones, LACA-SCB está instando a los desarrolladores nacionales e internacionales y partes interesadas en el Arco Minero a reducir los impactos ambientales perjudiciales de la minería y los derechos humanos en toda la región, y hace un llamamiento a la comunidad científica y académica para llevar a cabo investigación sobre los impactos de las industrias extractivas en el país.

Dólar no oficial superó el salario mínimo en Venezuela


NTN24 Venezuela

El dólar no oficial en Venezuela se ubicó en 4.910.623,18 bolívares, mientras que el salario mínimo mensual en el país se mantuvo en bs 3.000.000, es decir para adquirir un dólar es necesario tener más de un sueldo. De igual forma el euro tiene un costo de bs. 6.000.000, lo que representa dos salarios básicos.

El Sistema de Subasta de Divisas, Dicom, tiene un costo de 207.360 bolívares por dólar un ncrementó de 20% desde el 6 de agosto, así lo reseñó NTN24.

Entre las cuentas más utilizadas por los venezolanos para comprar o vender la moneda estadounidense están AirTM, Casa de Cambio, Dólar True, Movi Cambios, LudixPay, Venebloc, Cotizaciones. Igualmente DolarToday dejó de ser una página de refenerencia porque suman todas las tasas y las dividen.

Tareck El Aisami, vicepresidente económico, anunció la derogatoria de ley de ilícitos cambiarios por parte de la asamblea nacional constituyente.